No ha hecho falta consenso para la reforma laboral con su despido libre, ni para la amnistía fiscal con los defraudadores de Hacienda. Sin embargo, el Gobierno se ampara en una solución pactada con los bancos para afrontar el drama del desahucio. Nada menos que 350.000 desde 2008, con 100.000 familias más que pueden resultar afectadas este año y 200.000 el siguiente. Las cifras no son una especulación: son reales, y llevan tras de sí una muerte real, con su asfixia social. El famoso Código de Buenas Prácticas aprobado hace seis meses, al que en su día se sumaron libremente las entidades bancarias, únicamente se ha llevado a la práctica en situaciones de indigencia extrema. Los bancos abrazaron una solución no vinculante, que les dejaba con absoluta libertad para no tenerla en cuenta. Cosa contraria hubiera sucedido con una reforma legislativa, tan vinculante como la laboral: aunque, por otro lado, muchísimo más justa. Crónica aquí.
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