El lunes pasado asistí, aquí en Buenos Aires, a uno de los actos más plenos de coraje y constructivos de los que he vivido en mi larga vida. El realizado en la Comisión Nacional de Valores, en la calle 25 de Mayo, plena de bancos y de vida financiera y de negocios. Se presentó allí un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Por primera vez una investigación a fondo de los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste. Sí, por primera vez se investiga este aspecto de la última dictadura que, a la vez que hacía desaparecer a seres humanos, se quedaba, en el caso de empresarios, con su fortuna, sus propiedades, sus acciones. Como digo siempre: en mis 86 años he conocido trece dictadores. Todos ellos, después de finalizar su poderío murieron pacíficamente en sus domicilios, gozando de sus sueldos de generales y almirantes y, por supuesto, de sus títulos militares. Esta es la primera vez que los dictadores y sus secuaces están en cárceles comunes y se investigan los delitos económicos cometidos durante sus mandatos. La única vergüenza para la Etica ha sido que Martínez de Hoz, el secuaz más penetrante de ese período de violencia e injusticia, murió en su edificio, el más lujoso de Buenos Aires, el Cavanagh. Y aquí la pregunta es: por qué si las cárceles argentinas todas tienen instalaciones médicas no se lo envió a una de esas enfermerías carcelarias. No, Martínez de Hoz murió en su cama y en su edificio de aristócrata. Crónica aquí.
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